Reforma política

REFORMA POLÍTICA: UNA OPCION PARA LA GOBERNABILIDAD.

1.- El artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que:

“La Soberanía Nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

2.- Por su parte, el artículo 41 constitucional establece lo siguiente en su primer párrafo, que:

“El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.”

3.- Por lo anterior, todo proceso de reforma política, tanto a nivel federal como en los Estados de la República; es un acto de ejercicio de la soberanía popular, pues permite acercar el ejercicio del gobierno a la sociedad, al tratar de legitimar y eficientar la función de los órganos políticos del estado. 

4.- La modernización del sistema democrático en la actualidad, es una necesidad urgente, producto de una realidad social dinámica, que plantea nuevos retos para nuestro país en el actual contexto mundial.

 5.- En ese contexto, la sociedad mexicana, está cada día mas interesada en establecer nuevos mecanismos de supervisión y control respecto de los órganos del poder político y el ejercicio de sus funciones.

6.- Por alguna razón, los poderes legislativos no gozan del mas amplio respaldo de la opinión pública y de la sociedad en general. Por ello, es imposible no hacer caso a la cada vez mas amplia expectativa social, sobre la necesidad de eficientar el quehacer de gobierno, permitiendo así alcanzar lo que ahora se ha dado en llamar "gobernanza."

Llamamos genéricamente “reforma política”, a una serie de procesos de rediseño institucional que buscan mejorar algunos aspectos orgánicos y estructurales de los poderes u órganos constituidos de un sistema político, y su relación con la ciudadanía.

Todo proceso de reforma política, tanto a nivel federal como en los Estados de la República; es un acto de ejercicio de la soberanía popular, pues permite acercar el ejercicio del gobierno a la sociedad, al tratar de legitimar y hacer más eficientes la    s funciones de gobierno, buscando siempre las mejores estrategias para aumentar la funcionalidad de los órganos del poder público.

Un poder público legitimado en su origen, ejercicio y fines, es un poder fuerte, necesario para lograr una democracia eficiente y de resultados a través de la consistencia e intensidad en las decisiones de interés colectivo generadas mediante un sistema de  responsabilidades compartidas entre los actores políticos y sociales.

Solo de esta manera, se consolida en estado democrático de derecho: a la luz de instituciones confiables, legitimadas por la acción de la voluntad ciudadana, y sujetas a un marco de legalidad que dote de certeza a su actuación y mejore sus condiciones de gobernabilidad.

La gobernabilidad se mide a través de la relación entre la satisfacción de las necesidades de la sociedad que requieren el diseño de políticas públicas y la prestación de servicios, y el resultado eficaz en las acciones del gobierno, lo que permite legitimar el ejercicio del poder público, ya que la supone un modo de ejercer el poder en un régimen democrático.

Este objetivo requiere un mayor grado de cooperación e interacción entre los órganos del estado y los  actores sociales a través de redes de decisiones mixtas públicas y privadas, es decir, la coordinación de acciones de construcción del orden social.

La gobernabilidad de un estado requiere la existencia de estabilidad institucional y política, que permita lograr la efectividad en la toma de decisiones y el adecuado ejercicio de gobierno. Ello es posible mejorando la capacidad de gobierno para atender demandas de los ciudadanos que son procesadas en menor o mayor medida por los órganos e instituciones del sistema político.

Es por ello que el rediseño de esos órganos, conocido como “reforma política” tiende a dotar de gobernabilidad a las estructuras que son la base del propio sistema.

La modernización del sistema democrático en la actualidad, es una necesidad urgente, producto de una realidad social dinámica, que plantea nuevos retos para nuestro país en el actual contexto mundial de la globalización.

En ese contexto, la sociedad mexicana, está cada día más interesada en  establecer nuevos mecanismos de supervisión y control respecto de los órganos del poder político y el ejercicio de sus funciones.

Esto implica el fortalecimiento de la participación ciudadana, el mayor acercamiento del ejercicio del poder público hacia los fines del bienestar general y el interés colectivo, y sobre todo, la necesaria construcción de ciudadanía, que permita la apropiación de lo público como propio.

Hoy en día, la sociedad mexicana exige una democracia de resultados, que sea producto del acuerdo entre los actores políticos y sociales, para beneficio de todos.

La reforma política nacional:

En tal contexto, el 18 de julio de 2012, en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se declaró la validez de la reforma constitucional aprobada por 17 legislaturas estatales, que contempla diversas figuras novedosas en el rediseño institucional del sistema político mexicano, misma que fue promulgada mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de este año.

Algunos de los temas relevantes que contempla dicha reforma, son los siguientes:

·         Se reconocen las candidaturas independientes para cualquier cargo de elección popular a partir de 2015.

·         Se reconoce el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes ante el Congreso. (iniciativa popular)

·         Permite las consultas populares convocadas por el Presidente de la República, una tercera parte del Congreso o el 2% de la lista nominal de electores. (Plebiscito y referéndum)

·         Faculta al Congreso para sustitución del Presidente de la República en caso de falta absoluta. Cuando falte el Presidente de la República y en tanto el Congreso nombra al Presidente interino, el Secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Ejecutivo federal.

·         El Presidente podrá rendir protesta ante el Congreso del Unión, las mesas directivas, la Comisión Permanente o la SCJN.

·         Derecho de iniciativa preferente para el titular del Poder Ejecutivo. Podrá enviar dos iniciativas cada periodo de sesiones, que deberán ser analizadas y discutidas obligatoriamente por el Congreso en ese mismo periodo de sesiones.
 

Sin embargo, algunos temas que quedaron pendientes en dicha reforma son:

·        Segunda vuelta en elección presidencial. (Ballotage)

·        Reelección de legisladores y presidentes Municipales.

·        Reducir de cinco a dos meses la toma de posición del Presidente electo, con el fin de que la protesta se rinda el 1 de septiembre y no 1 de diciembre como hasta ahora.

·        Reducción del número de legisladores electos por el principio de representación proporcional.

Por lo que resulta evidente que se logró un gran avance en la consolidación de figuras democráticas que abonan a favor de una mejor interacción entre los actores políticos y sociales, así como el fortalecimiento institucional de los poderes, sin embargo, el proceso sigue incompleto y debemos estar al pendiente de que el poder legislativo federal en la siguiente legislatura dé continuidad al análisis y discusión de los temas que no pudieron agotarse.